Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), manifestó su inquietud ante la ausencia de medidas que alivien las sanciones internacionales impuestas a Venezuela y resaltó las graves consecuencias que estas han tenido sobre la economía del país. Según sus palabras, “no está planteada ni se ha escuchado nada sobre la flexibilización de las sanciones por lo que resta del año. Las condiciones siguen estando iguales”.

Pisella subrayó el profundo daño que las sanciones han causado a la nación, afectando directamente a la población. “Nos ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño al país. Y los que sufren las consecuencias de esas sanciones, somos los ciudadanos”, afirmó.

El líder gremial señaló que las restricciones han creado enormes obstáculos para las industrias que dependen de equipos y servicios especializados, los cuales son difíciles de adquirir debido a las sanciones. “Si bien tú quieres reparar un transformador o una fuente generadora, no se lo venden al gobierno, pero las condiciones las pagamos nosotros”, añadió Pisella.

«Después del acontecimiento entre Rusia y Ucrania, se volvió la mirada a Venezuela como productor de Petróleo para este hemisferio. Mantener estas asociaciones con las empresas productoras de petróleo nos favorece a nosotros, pero también favorece al mundo en la estabilidad de los precios del petróleo y en la estabilidad de surtir una fuente segura de energía», afirmó Pisella.

Además, el presidente de Conindustria se refirió al impacto geopolítico de estas sanciones, en especial en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha añadido complejidad a la situación. Con respecto al tema energético, aclaró que las sanciones relacionadas con el gas no han sido objeto de discusión. “Ese gas que se va a producir y transformar en Trinidad y Tobago tiene como destino final Europa, lo que trae cuestiones positivas”, explicó.

Finalmente, Pisella hizo hincapié en la importancia de distinguir entre las cuestiones políticas y las económicas para mitigar el impacto negativo en el país. “Queremos de verdad separar la parte política de la económica. Sabemos que influye, pero queremos que sea lo menos posible”, concluyó.